Burriana, 14 de septiembre de 2026. Jorge Alarcón, concejal del Ayuntamiento de Burriana y portavoz de Units per Borriana, ha exigido al gobierno de Jorge Monferrer acceso inmediato a la información del padrón, explicaciones públicas y depuración de responsabilidades tras conocerse cuatro detenciones, 26 empadronamientos ilegales acreditados hasta ahora y 36 presuntos delitos.

Alarcón lleva ocho meses reclamando esta información en comisiones, en los plenos y mediante instancias registradas oficialmente en el Ayuntamiento.

«Ocho meses reclamando una información que la ley nos permite fiscalizar. Ocho meses de evasivas, silencio y bloqueo. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no nos dejan ver la documentación?»

Para Alarcón, resulta especialmente significativo que, después de meses de reclamaciones, el propio Ayuntamiento acabara reconociendo públicamente que existían domicilios con inscripciones sospechosas, posibles falsificaciones y un padrón que había estado «prácticamente al límite del colapso».

«No podemos afirmar que esas declaraciones llegaran por la presión que estábamos ejerciendo, pero la coincidencia temporal es evidente. Nosotros preguntábamos, insistíamos y registrábamos peticiones. Poco después, el gobierno reconocía que algo grave estaba ocurriendo.»

Ahora, con una operación de la Guardia Civil sobre la mesa, la pregunta es todavía más incómoda:

«¿Qué sabía el gobierno, desde cuándo lo sabía y por qué durante ocho meses nos ha impedido fiscalizarlo?»

Alarcón señala que también han llegado por distintas vías testimonios de vecinos que relatan haberse encontrado personas desconocidas empadronadas en sus domicilios.

«La Guardia Civil habla de 26 casos acreditados hasta ahora. ¿Y si esto es solo la punta del iceberg? ¿Cuántos casos hay realmente? ¿Cuántas personas pueden acabar apareciendo relacionadas con estas irregularidades? Precisamente por eso queremos documentos y no más excusas.»

El portavoz de Units recuerda que el padrón no es un trámite menor: condiciona la planificación de los servicios de una ciudad que ya ronda los 41.000 habitantes y tiene efectos en numerosos procedimientos administrativos.

«Aquí hay vecinos que cumplen la ley, pagan sus impuestos y hacen las cosas bien. No podemos permitir que otros hagan negocio saltándose las normas mientras el gobierno bloquea la fiscalización.»

Units per Borriana exige tres respuestas:

«¿Qué sabía el gobierno y desde cuándo?»

«¿Por qué ha bloqueado durante ocho meses una información que teníamos derecho a fiscalizar?»

«¿Y quién asumirá las responsabilidades políticas?»

Units per Borriana iniciará contactos con el resto de grupos y concejales para reunir los apoyos necesarios y solicitar un Pleno extraordinario monográfico sobre el padrón. También planteará la comparecencia de los responsables políticos de las áreas implicadas para que den explicaciones ante el Pleno. «Queremos documentos, explicaciones y responsabilidades. Y, si es necesario, dimisiones.»

Alarcón concluye:

«Es muy fácil hablar de legalidad y control cuando la responsabilidad es de otros. El señor Monferrer tiene que empezar por su propia casa. Aquí ya existe un bloqueo injustificado de la información. Ahora queremos saber qué había detrás.»

«Si hay responsables políticos que no han estado a la altura, exigiremos responsabilidades y, si es necesario, dimisiones. Burriana necesita un gobierno a la altura: transparencia, control y legalidad. El primer paso es abrir la información, dar la cara y explicar qué está pasando.»